Medida surge tras la petición en la sala de parte de los diputados al Ejecutivo, de inmiscuirse en la discusión en el primer trámite. Propuesta iría por el lado de potenciar las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo sobre el régimen de tercerización.
De manera silenciosa y en paralelo al debate de la Reforma Laboral en el Senado, ha avanzando en su trámite en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prohibe la subcontratación de funciones que pertenezcan en forma central al giro de la empresa principal.
Se trata de una moción apoyada por una serie de diputados oficialistas, entre ellos el diputado PS Osvaldo Andrade, que ingresó hace más de un año a la Cámara, pero que en las últimas semanas ha avanzado con rapidez.
La iniciativa prohibe la subcontratación de las labores inherentes al giro principal de una empresa, salvo que se trate de la totalidad de ellas mediante un contrato de administración general.
De manera sorpresiva, el pasado 1 de septiembre la moción fue puesta en tabla para su votación en la Comisión de Trabajo, el mismo día en que fueron invitados a la instancia a exponer sobre el proyecto la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Finalmente, la iniciativa fue aprobada en general y en particular por la comisión que preside Lautaro Carmona (PC), quedando en condiciones de ser vista por la sala.
De acuerdo a la tabla de sesiones, el proyecto fue puesto en la agenda para ser visto ayer por el pleno de los diputados. Sin embargo, según informó el diputado de la UDI, Felipe de Mussy, se adoptó el acuerdo de que el texto regrese a la comisión técnica, a cambio de que el Ejecutivo tenga una participación más activa en su debate y presente indicaciones.
Fuentes cercanas al proceso legislativo dijeron que tras la aprobación en comisión, el Ministerio del Trabajo activó gestiones para buscar consensos en torno al proyecto. Esto, debido al malestar que manifestó el empresariado y a los eventuales efectos negativos que podría generar en Codelco la iniciativa, ya que actualmente la cuprífera mantiene un conflicto laboral con las empresas contratistas agrupadas en Agema y con la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).
Es por ello, dicen las mismas fuentes, que el Gobierno presentaría próximamente una indicación para destrabar la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, la propuesta del ministerio iría por el lado de potenciar las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT) sobre el régimen de subcontratación. De esta forma, La Moneda volvería a recurrir al organismo estatal, tal como lo hizo en la Reforma Laboral, para dar garantías a los parlamentarios de que las nuevas regulaciones van acompañadas de un rol activo de fiscalización.
Indicaciones de parlamentarios
Ayer el texto fue visto en la sala de diputados, donde los diputados Osvaldo Andrade, Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel Boric (independiente) presentaron indicaciones al proyecto de ley.
Durante el debate en la sala el diputado Patricio Melero (UDI) emplazó al Gobierno a insertarse en el debate: “Lo peor que puede hacer una sala es discutir un proyecto que después cambie sustancialmente”.
Asimismo, pidió al vicepresidente de la Cámara, Patricio Vallespín (DC), un compromiso de la mesa de oficiar al Gobierno de que “es fundamental presentar indicaciones en este proyecto”.
Ante ello Vallespín admitió que hay materias de exclusividad del Ejecutivo.
Como el proyecto retornó a la comisión de Trabajo, los diputados deberán pronunciarse sobre las indicaciones de sus pares.
Boric planteó reemplazar en el texto del articulado “al giro principal” por “a la actividad o actividades principales” y agregar que “la declaración no alterará los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo”.
Por su lado, los diputados Andrade y Jiménez propusieron agregar un inciso final al artículo 183 A del Código del Trabajo sobre el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos, para evaluar “la circunstancia que los servicios del trabajador se presten o no en labores inherentes al giro propio de la empresa principal”.
También se refirieron a las facultades fiscalizadoras de la DT y su rol de denunciante ante los tribunales cuando se vulnere la normativa y sea el tribunal el que establezca si los servicios se prestan en el ámbito del giro propio de la empresa principal o en actividades accesorias.