AGEST y RSM Chile llevaron a cabo una exitosa charla informativa sobre la reciente Ley Nº 21.595 de delitos económicos y atentados contra el medioambiente, normativa que introduce cambios significativos en el marco regulatorio y penal para las empresas, estableciendo nuevas exigencias.

La exposición, realizada por Alejandro Espinosa, managing partner de RSM Chile, dio a conocer las principales modificaciones de esta ley, en relación con las responsabilidades legales asociadas, aumentando a más de 230 los delitos imputables de la persona jurídica, junto con endurecer el marco punitivo para esta clase de delitos, tanto para personas naturales como para las empresas.

Esta normativa otorgó -a partir de agosto 2023- un año para que las empresas adapten sus modelos de prevención a las nuevas exigencias, y así evitar sanciones como: multas de hasta 5.000 UTM, penas de cárcel efectiva para ejecutivos y directores, supervisión de la persona jurídica de seis meses a dos años e, incluso, la extinción de la persona jurídica por reiteración delictiva.

Por otra parte, este nuevo modelo de prevención de delitos económicos, efectuado de manera correcta por la persona jurídica, permitirá que la empresa se exima de responsabilidad penal, al considerar aspectos como:

1. Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica.
2. Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas.
3. Comunicación de los protocolos y procedimientos a todos los trabajadores.
4. Incorporación de la normativa interna en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios.
5. Asignación de uno o más sujetos responsables.
6. Previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes.

Finalmente, durante la charla se presentaron algunos elementos clave para un modelo de prevención de delitos adecuado y efectivo, destacando: políticas de prevención de delitos y políticas transversales, reglamentos y contratos actualizados, seguimiento y control de riesgos, canal de denuncias, revisión periódica y controles del modelo, entre otros aspectos relevantes.

Héctor Guerra, presidente de AGEST, señaló que la intención de estas capacitaciones es “subir el estándar de nuestra industria, ya que para nosotros es relevante contar con un modelo de prevención de delitos económicos vivo, vigente y actualizado. La idea es poder ir avanzando y tomar conciencia de esta nueva realidad”.

La charla finalizó con una presentación sobre riesgos y ejemplos prácticos de la minería y otras industrias en torno a este nuevo escenario legal, junto con una sesión de preguntas, donde los asistentes expresaron sus inquietudes respecto a la implementación práctica de la ley y cómo las empresas pueden prepararse ante estas nuevas exigencias.